Archive for agosto, 2013


PARO AGRARIO Y POPULAR

JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y PAROS INDEFINIDOS

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Con la aprobación de la Agenda Legislativa  en el Congreso de la República el actual Gobierno ha posicionado políticas antiobreras y antipopulares, que coartan y limitan derechos, privatizan  instituciones, entregan nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales, promueven la extranjerización de la tierra, acaba con la producción nacional a través de los Tratados de Libre Comercio, encarece los precios de la canasta familiar, eleva los precios de combustibles, profundizando así la actual crisis económica, social, ambiental y política que ellos mismos no reconocen.

 Dicho escenario desesperanzador ha generado una respuesta directa del movimiento social y popular con jornadas de movilización, paros sectoriales y acciones de resistencia como ascenso de la lucha política en el país.

 Colombia también ha estado signada por la prolongación de la guerra y el escalonamiento de la confrontación armada por parte de las elites políticas y económicas tradicionales, como estrategia de conservación del poder; por tanto, la lucha política nacional también se manifiesta en la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado en procura de la paz con justicia social. De allí que se haga imperativo avanzar en el actual proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y desde la apertura de diálogos con las insurgencias del ELN y el EPL en la superación de las causas estructurales que dieron origen al conflicto social y armado Colombiano.

 Es sumamente lamentable que ante la respuesta de descontento social el Gobierno nacional haya intensificado acciones de represión y estigmatización de la protesta social, sin reflexión alguna sobre la calidad de vida y el bienestar de todos los colombianos y colombianas que es el propósito común de nuestras luchas. Por tanto, se nos ha impuesto un sistema que  nos excluye cada vez más de la posibilidad de construir una nación distinta.

 Ante dicho panorama hemos decidido avanzar en espacios de coordinación de las diferentes iniciativas de la protesta social.  Desde diversas organizaciones y procesos sociales y políticos, acordamos las siguientes tareas:

1.    Convocar a partir del 19 de agosto a la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA Y PAROS INDEFINIDOS de los sectores Agropecuarios, Salud y  Transporte con la participación y acompañamiento de las centrales obreras, organizaciones indígenas y de desplazados, de estudiantes, maestros, pensionados, trabajadores de la pequeña minería y artesanal y demás sectores en conflicto. Estas acciones se conciben como un proceso de acumulación que se complementa con escenarios de movilización proyectados para los meses de septiembre y octubre en la perspectiva de una acción unitaria de masas contundente.

2.    Constituir el Coordinador Nacional de la jornada de protesta y  paros indefinidos con delegados y representantes de los sectores en conflicto, conformando la Comisión Política, de Derechos Humanos y Solidaridad y de Comunicaciones.

3.    Convocar asambleas de organizaciones sindicales, sociales y populares con el fin de proyectar y ampliar la solidaridad popular y la participación en la jornada; avanzando en la conformación de Coordinadoras Departamentales.

4.    Convocar movilizaciones nacionales, departamentales y locales el próximo martes 20 de agosto en apoyo y respaldo a los paros indefinidos impulsados por los sectores en conflicto. En la ciudad de Bogotá la movilización será a las 9 a.m. desde la Plaza de Toros a la Plaza de Bolívar. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil – MANE ha convocado movilización nacional para el 28 y 29 de Agosto y han enviado un mensaje de alerta para preparar jornadas de movilización que se desarrollarían en un contexto de paro ante el incumplimiento de los acuerdos de 2011 con el gobierno nacional en materia de Educación Superior.

5.  Avanzar en la socialización de los pliegos de peticiones presentados por los sectores en conflicto con el fin de ubicar puntos de coincidencia que fortalezcan las dinámicas de la movilización y la protesta. Perfilar la construcción de un Pliego Único Nacional de cara al II Encuentro Nacional de Unidad Popular.

6.  Convocar el II ENCUENTRO NACIONAL DE UNIDAD POPULAR a realizarse el 31 de agosto y 1 de septiembre en Bogotá.

En tal sentido, hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a las organizaciones y procesos sociales y políticos para que participen y respalden decididamente esta jornada de lucha porque en ella nos la jugamos todos y todas como pueblo. Y como pueblo estamos colocando al centro una nueva agenda de país donde las propuestas y reivindicaciones de los sectores sociales y populares se convierten en la ruta para construir un escenario de real democracia y poder popular.

FIRMAN:

COORDINACION NACIONAL DE MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS, ALIANZA NACIONAL POR LA SALUD – ANSA, ASOCIACIÓN NACIONAL SINDICAL DE TRABAJADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SALUD, LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COLOMBIA – ANTHOC, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CAMIONEROS – ACC, ASOCIACIÓN DISTRITAL DE EDUCADORES – ADE, ASOCIACION DE MUJERES POR LA ERRADICACIÓN DEL PASEO DE LA MUERTE, CAMARA NACIONAL DEL TRANSPORTE, CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT, CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE COLOMBIA – CTC, CONFEDERACIÓN DE PENSIONADOS DE COLOMBIA –CPC, COALICIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES – COMOSOC, CONGRESO DE LOS PUEBLOS, COORDINADOR NACIONAL AGRARIO, CORPORACIÓN INTEGROS,  MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIOTICA, MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCION Y ACUERDO – MIA, MESA AMPLIA NACIONAL ESTUDIANTIL – MANE, MESA ECUMÉNICA POR LA PAZ, MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL, ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE PENSIONADOS, PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO - PCC, PODER Y UNIDAD POPULAR – PUP, POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO – PDA, PROCESO NACIONAL IDENTIDAD ESTUDIANTIL, RUTA SOCIAL COMUN PARA LA PAZ, SINDICATO ESTUDIANTIL. 
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Por: Alexander Escobar

alexanderinquieto@gmail.com

“Cuando la lucha es a muerte, el fiel resiste,el indeciso renuncia,

el cobarde traiciona…,el burgués se desespera, y el héroe combate”.

Julius Fucik

La sangre inocente derramada por la acción criminal del Estado se pretende vender como un hecho del pasado. Dejar la responsabilidad en manos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, como si se tratase de un periodo ajeno a la historia y presente del país, es política del actual Gobierno.

La pretensión de exhibir un país ajeno a la realidad, sin crímenes de Estado y amante de la paz, –la llegada de la luz después de las sombras–, es la Colombia virtual que se quiere imponer. La imagen del “Presidente de los Diálogos de Paz”, y no la figura de Juan Manuel Santos como exministro de Defensa de los Falsos Positivos, aparece hoy en la escena de la farándula política de los mejores lentes de la prensa mundial que cubren la primicia de los diálogos entre Gobierno y FARC que se adelantan en La Habana.

Pero el derramamiento de sangre provocado por el terrorismo de Estado no llegó ni se marchó con Uribe. El expresidente solo fue la continuidad histórica de una política sanguinaria, la figura clave de quienes educan verdugos para sostenerse en el poder, y evitar tocar la sangre con las manos que la provocan.

La sangre sigue derramándose

Muerte y manejo de la imagen caracterizan al actual Gobierno.Mientras habla de paz ante los micrófonos de la comunidad internacional, en el Catatumbo emplea tácticas de guerra contra la población civil: asesina campesinos, les reprime, tilda de guerrilleros, y obliga a buscar refugio en otro país, y como cualquier dictadura, también agrede y amenaza a los medios de comunicación alternativos y al periodismo responsable. Es una práctica de ablandamiento militar para obligar al “enemigo” (el campesinado desarmado) a sentarse a negociar la rendición con el vencedor(el Gobierno que dispara).

Pero la táctica falla. Los campesinos del Catatumbo no retroceden, resisten sin doblegarse ante el tirano, y reivindican a todos sus muertos al calor de una lucha de casi dos meses que hoy es ejemplo de valor y dignidad.

Las resistencias campesinas empiezan a unirse; el Gobierno a repensar la manera de actuar; y los cobardes,y público despistado en general, a observar atentos el televisor.

Rumores de un Paro Agrario llegan a oídos de Juan Manuel Santos. La táctica se rediseña; ahora es necesario exhibirse ante la comunidad internacional como un Gobierno que dialoga y responde a las necesidades del campesinado. La misión la asume el vicepresidente Angelino Garzón, “un sobreviviente de la Unión Patriótica” (UP), –frase favorita de presentación que emplea para confundir y descrestar, al igual que la remembranza de sus días de dirigente sindical–. La fórmula es siniestra. Incluir en las filas del Gobierno a un exsindicalista y sobreviviente del terrorismo de Estado tiene una finalidad muy simple, posicionar la imagen de un Gobierno que presume ser de participación amplia e incluyente, y, sobre todo, amigo de la paz.

Pero los hombres son pasado y presente, y los sueños que luchan por realizar. Y el presente infame de quienes entregan los sueños al mejor postor, anuncia que estamos ante el más frío de los monstruos fríos. Lo afirmamos sin temor a equivocarnos, –y con la ayuda de Nietzsche–, porque“el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal. Cuánto dice es mentira, y cuanto tiene es porque lo ha robado”.

Y con el rostro del Vicepresidente Angelino Garzón miente al pueblo colombiano. Voz pausada y tono conciliador es su modo de operar. Y ocultar las manos ensangrentadas de este Gobierno, la tarea a cumplir.

La mesa de diálogo en el Catatumbo

El levantamiento del Paro de los campesinos del Catatumbo requiere de una lectura que vaya más allá del triunfo de la movilización y resistencia que obligó al Gobierno colombiano a sentarse a dialogar en serio. Los diálogos establecidos,aunque son un logro de la lucha campesina, también deben entenderse como la ficha que juega el Estado colombiano para tratar de mitigar los efectos que tendrá el Paro Agrario del 19 de agosto.

El giro momentáneo del Gobierno de pasar de la represión al diálogo, es decir, pasar del ablandamiento militar a la intensificación del ablandamiento psicológico, evidencia dos objetivos puntuales.

El primero, ya lo hemos comentado, cumple la tarea de vender la imagen de un Gobierno que dialoga y busca soluciones a las necesidades del campesinado. Los efectos a provocaren la opinión pública son claros: presentar el Paro Agrario como algo innecesario que debe ser sustituido por las “vías civilizadas” del diálogo con un Gobierno que está “dando muestras” de escuchar al campesinado.

El segundo objetivo, mucho más táctico, es dejar al movimiento campesino del Catatumbo en una encrucijada, en tanto que su participación activa dentro del Paro comprometería su credibilidad por ser violatorio de los acuerdos de la mesa de diálogo, y cuyas peticiones presentadas al Gobierno, para el 19 de agosto,no estarán resueltas a plenitud;es difícil que ello suceda, puesto que las discusiones tendrán dilataciones propias de un proceso que se establece entre contrarios (el Gobierno contra el Pueblo).

Lejano entonces se encuentra la mesa de diálogo en el Catatumbo de ser un “proyecto piloto de paz”, lo es para el campesinado del Norte de Santander que lucha por la paz con justicia social, pero para el Gobierno es solo un laboratorio de guerra: hoy reprime; mañana dialoga de manera táctica para enfrentar el Paro Agrario que se avecina, y mejorar su imagen ante la comunidad internacional.

El Paro Agrario del 19 de agosto es un momento histórico para el pueblo colombiano. Corresponde a los distintos sectores sociales responder a la altura del mismo. Abandonar el oportunismo reivindicativo particular, y sumarse a la lucha colectiva para transformar la sociedad, se vislumbra en estos momentos donde el inconformismo y la protesta afloran dramáticamente en todos los rincones de Colombia. No debemos temer salir el 19 de agosto con el objetivo de transformar nuestro país, de este Paro saldrán acuerdos y avances organizativos que nos acercarán a pasos agigantados hacia el objetivo de construir una Colombia con justicia social. Los campesinos del Catatumbo han demostrado de lo que son capaces por sí solos, ahora es momento de demostrar de lo que es capaz la dignidad de un pueblo que decide confrontar a sus verdugos.

Desde las calles del suroccidente colombiano,

Agosto 5 de 2013

Imágenes tomadas de: http://www.flickr.com/photos/marcha-patriotica/with/9441853968/

Por: Periodismo Humano

Tras más de cinco años reclamando justicia para sus hijos, asesinados por soldados colombianos y presentados como bajas en combate, las conocidas internacionalmente como Madres de Soacha escucharon ayer en una sala prácticamente vacía la primera condena para los cinco responsables de la ejecución extrajudicial de uno de los jóvenes: homicidio, desaparición forzada y lo que nadie esperaba, crímenes de lesa humanidad.

Un juez recita durante unas cinco horas una sentencia: más de 200 folios. Hace un receso para tomar aire, él, las mujeres que escuchan en frente con rostro compungido, los acusados que resoplan, sonríen entre ellos y fruncen el ceño a ratos, los abogados de ambos bandos y el fiscal. Una amplia y vacía sala revestida de madera del Tribunal Superior de Bogotá acoge una sentencia histórica que nadie espera.

falso positivoSe retoma la lectura y en frente, sentadas en un banco, escuchan cuatro madres de jóvenes civiles ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército colombiano con el fin de presentarlos como bajas en combates contra la guerrilla y obtener así beneficios económicos así como días libres o ascensos. Los llamados ‘falsos positivos’. Y las cuatro mujeres son algunas de las reconocidas internacionalmente como Madres de Soacha, una localidad cercana a Bogotá donde en 2007 fueron capturados al menos once jóvenes pobres para ser trasladados a más de 600 kilómetros, a Santander y Norte de Santander, territorio con presencia de la guerrilla de las FARC, donde fueron asesinados. Sin embargo, hoy son sólo acompañadas por algunos miembros de organizaciones como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que lleva la defensa, o el Corporación Centro de Atención Psicosocial, que atiende a las madres. Mientras, el juez relata cómo las investigaciones han demostrado que el muchacho Fair Leonardo Porras estaba desarmado cuando fue asesinado por los cinco soldados, un crimen que, especifica, tiene el agravante de haber sido realizado con ánimo de lucro, hecho que, ajustándose a la legislación, califica de “abyectos, que provocan repugnancia”.

El juez continúa con los resultados de más de un año de investigación judicial sobre una más de las barbaries que la guerra en Colombia ha generado. A gran velocidad va leyendo un atestado que será analizado en los próximos días con detalle internacionalmente. Uno de los soldados, visiblemente ansioso, cada vez más sonrojado, resopla y mira constantemente hacia los cuatro soldados que de uniforme les observan desde el público. Los únicos que ocupan el lado de la sala de los acusados. A ratos, los acusados se miran entre sí de reojo y sonríen nerviosamente. Es la segunda vez que se encuentran en el banquillo de acusados, fruto de que la anterior condena por homicidio y desaparición forzosa fue recurrida por la fiscalía y la defensa. El comandante jefe, el máximo responsable de los delitos cometidos por este batallón, está prófugo. “Responsables de desaparición forzosa”, corrobora de nuevo hoy el juez. Y una de las abogadas de la defensa de los soldados busca con una mirada desafiante a las madres. El abogado jefe, vestido de traje de chaqueta de civil pero de riguroso verde militar, incluidos los calcetines, y que ha permanecido durante toda la lectura en la zona dedicada a los espectadores, se vuelve para enviar sin riesgo de miradas curiosas un mensaje desde su móvil. Pertenecen al equipo de Defensa Militar (DEMIL), una fundación jurídica privada pero que cuya junta directiva está conformada por generales activos del Ejército y que utiliza sus helicópteros para transportarse. El informe del Comisionado para las Naciones Unidas de 2010 asegurara que “Demil antepone intereses institucionales de las Fuerzas Militares sobre los derechos de los procesados (…) Así se obstaculiza que los acusados se acojan a sentencia anticipada o realicen declaraciones individuales sobre los niveles de participación en los hechos que pueden haber tenido otros miembros del Ejército”.

FAIR LEONARDO PORRAS, EL JOVEN EN EL QUE SE BASA ESTA SENTENCIA

Ocho meses tardó en lograr identificar a su hijo Luz Mariana, uno de los rostros más visibles y activos de la lucha de las Madres de Soacha. Fair Leonardo Porras, el joven en el que se basa esta sentencia, tenía 26 años cuando lo asesinaron, pero su discapacidad lo mantenía en el desarrollo de un niño de 9 años, nos recuerda su madre.

“Todos hicieron uso de su arma de fuero aquella noche (…) Aunque no existe certeza de qué disparos ni de cuáles de los acusados participaron en el deceso del Fair Leonardo Rojas (…)”. El juez subraya que todas las acciones de los acusados fueron partícipes del delito y “fueron realizadas con pleno conocimiento” de su finalidad. Y es entonces cuando aborda el punto más esperado, la acusación de la fiscalía por delitos de lesa humanidad. Y para ello, define cada uno de los elementos que tienen que comportar y los va argumentando: Es sistemático porque “al menos once jóvenes humildes fueron desaparecidos en una fecha cercana a la desaparición de Fair Leonardo” y “se realizaron de manera exclusiva contra la población civil (…) Hay evidencia de que sí existió un móvil discriminatorio en relación a la condición humilde de los jóvenes de Soacha, marginados y privados de recursos económicos, situación que conllevaría que la denuncia no repercutiera de manera inmediata, tal y como afirmó la señora doña Luz Marina Bernal (…) quien acudió en tres ocasiones a la fiscalía de Soacha sin resultados favorables, los cuales sólo se dieron cuando se dio la identificación del joven y los hechos fueron denunciados públicamente”.

El abogado-jefe se levanta, saca las llaves del bolsillo y juega con ellas haciéndolas sonar, se vuelve a sentar. Son fórmulas intimatorias conocidas por los abogados que han coincidido con él en otras causas y que utilizó esa misma mañana en la audiencia de otro caso vinculados con los falsos positivos de Soacha. Frente a él y sin levantar la cabeza, el juez sentencia: “En virtud de ello, convergen los presupuestos señalados en las normas internacionales para que se hable de delitos como de lesa humanidad”.

 Un par de asistentes aplauden tímidamente y el policía de la sala les ordena silencio. El abogado-jefe abre la puerta de madera que separa a los miembros del tribunal de la sala y se sienta en la bancada de la defensa. El juez lee las condenas: entre 52 y 54 años de cárcel y 3.500 salarios mínimos de multa. Los acusados se sonríen nerviosos entre sí, el abogado-jefe interrumpe al juez para comunicar que interpondrá inmediatamente el recurso de casación. Las madres apenas se atreven a mostrar su alegría, salen de la sala, se abrazan. Alegría y tristeza infinitas y contenidas.

Una de las presentes es la abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Gloria Silva, apoderada de las familias de las víctimas ante la acusación de la fiscalía. “Hoy se ha proferido un fallo histórico. Realmente de todos los años que llevamos en representación de víctimas, hoy hemos logrado por fin un fallo en el que se recojan los intereses de las víctimas que siempre han estado en desventaja total frente al Estado (…) Dentro del gobierno de Álvaro Uribe, se profirieron directrices que trazaron políticas muy claras a mandos del Ejército nacional que generaron el aumento desmedido de ejecuciones extrajudiciales para presentar una victoria supuesta del Ejército sobre las guerrillas o paramilitares. Victoria que eran cimentadas en unas cifras que no eran más que campesinos, jóvenes, humildes, líderes sociales, presentados como falsos positivos”.

Otra de las presentes es “Uvita”, una mujer enjuta y afectuosa a la que también le arrebataron a su hijo de 16 años, y cuyo juicio aún ni siquiera se ha iniciado. Ha vivido con angustia la audiencia y ahora sólo piensa en cómo esta sentencia puede romper el cerco de la impunidad. “Nuestra idea es que si hay justicia en nuestros casos, puede haberla para las miles de extradiciones extrajudiciales que han habido, de los cuales sólo unos cuantos están documentados. Y nuestra esperanza es llegar a los responsables que no están a aquí, el expresidente Álvaro Uribe y el actual, Juan Manuel Santos”.

Arropada por las otras madres y miembros del Comité y del CAPS, se encuentra Luz Marina, la madre de Fray Fernando, que tras más de 5 años de lucha, amenazas y dolor, hoy siente “el corazón grande”.

 Fuente: http://redunipazantioquia.weebly.com/