Archive for junio, 2013



URGENTE

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
LA COMISIÓN NACIONAL  DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

DENUNCIA PÚBLICA

En desarrollo de acciones  del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), ataque indiscriminado  contra los campesinos que se manifestaban en  el municipio de Tibú  y graves señalamientos y persecución  contra los periodistas  de PRENSA RURAL  E INDEPENDENCIA TV,   medios alternativos y populares que hacen parte del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE: 
HECHOS:

1. Un grupo de periodistas de Prensa Rural y Marcha Patriótica, se encuentra desde hace más de 11 días  cubriendo las protestas de  los campesinos que se han desarrollado en los municipios de Tibú y Ocaña.

2.  Los periodistas de Independencia TV y  Prensa Rural  en conjunto con TeleSUR,  han realizado un  cubrimiento permanente de las manifestaciones y la movilización liderada por los campesinos de la zona, a pesar de que el diario  La Opinión de Cúcuta y la revista  Semana han hecho presencia en los últimos días.

3. El día jueves  20 de junio se presentaron nuevamente  ataques indiscriminados contra los campesinos por parte de la fuerza pública,  en el lugar conocido como “La Uno” a un km del casco urbano de Tibú.  Los ataques  iniciaron desde las 9am aproximadamente y se extendieron hasta pasado el medio día.

4. Como parte del ejercicio y  labor de periodística,  los delegados de Prensa Rural e Independencia Tv, se ubicaron a   una distancia prudente para no ser confundidos, ubicándose  por un momento detrás (costado derecho) de los ESMAD. (Foto)

5. Al hacer presencia en la zona, los periodistas se percataron  de dos hechos violatorios de los Derechos Humanos:

Protegidas por el ESMAD,  se encontraban dos personas vestidas de civil,  sin ninguna identificación visible  portando  un escudo de la policía tomando fotos y  registrando en video a  los y las campesinas. (Foto)

Varios  antimotines  lanzaron  artefactos con caucheras y en dos ocasiones lanzaron Bombas incendiarias.

6.  Al percatarse  de esas dos situaciones, el periodista de Independencia TV JULIO CESAR PULIDO, activó  su  cámara y empezó  a tomar las fotos que le permitieran denunciar lo acontecido. En ese momento (era ya medio día) uno de los ESMAD le gritó que eso no se podía hacer, que por qué los estaba grabando. Julio, quien se encontraba debidamente acreditado   y portaba su  chaleco de PRENSA y Carné de periodista visible, se lo mostró sin mediar ninguna palabra. Ante eso empezaron a gritarle “”lo que quieren es que los tratemos como lo que son, unos guerrilleros HPs” “si sigue grabando le rompemos las patas” “ustedes no son periodistas, ustedes lo que  son es  guerrilleros”  en un claro acto intimidatorio.

7. Los personajes vestidos de civil le  tomaron fotos y videos a los periodistas, situación que preocupa enormemente a las comisiones de COMUNICACIONES Y DERECHOS HUMANOS DE LA MARCHA PATRIOTICA,   ya que  no  hay claridad sobre las intenciones y paradero de dichas  fotos y  grabaciones para que, en que y por quienes puedan ser utilizadas ya que quienes las tomaban  no tenían identificación visible.

8. En el lugar  hicieron presencia  periodistas de Semana, de TeleSUR, de Prensa Rural y de Marcha Patriótica.  No obstante,  en el momento  que se produjeron los actos intimidatorios, solo se encontraban JULIO CESAR PULIDO de Independencia TV   y  FABIAN ROJAS de Agencia Prensa Rural (También identificado con chaleco).

ANTECEDENTES

La erradicación de cultivos ilícitos sin la implementación de proyectos agrícolas que les permita a los campesinos de la Región del Catatumbo subsistir y la habilitación de zonas de reservas campesinas, son dos de los siete puntos que consignaron más de 3.200 habitantes de esa zona en un documento que entregaron al gobernador Edgar Díaz Contreras, en medio de protestas y enfrentamientos de la comunidad.

El argumento de la comunidad es que erradicar por erradicar no lleva a nada y antes deben brindarse oportunidades a las familias.

Los señalamientos y estigmatización que se han generado desde el gobierno nacional y las autoridades del orden departamental y local contra los campesinos que se han movilizado, así como la desinformación de los medios de comunicación y la arremetida del Esmad, la cual ha dejado como consecuencia la destrucción de bienes civiles, varios heridos de gravedad,  y daños materiales contra los manifestantes y los pobladores de la zona, hace necesario que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita esta DENUNCIA PUBLICA , en la cua  ALERTAMOS sobre los riesgos  contra los miembros de nuestro movimiento,  en particular contra los periodistas JULIO CESAR PULIDO Y FABIAN ROJAS,  quienes  bajo el ejercicio de su profesión y labor comunicativa y rompiendo el cerco mediático y la desinformación de los medios locales y nacionales, han sido objeto  de la fuerte campaña de estigmatización que tanto militares como medios masivos de comunicación están desarrollando contra los manifestantes.

Ante la gravedad de lo descrito anteriormente

FRENTE AL FUNDADO TEMOR DE LOS PERIODISTAS Y MEDIOS ALTERNATIVOS Y POPULARES  Y DE LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES  QUE CONFORMAN EN RECHAZO A LAS EXTRALIMITACIONES DE LAS FUERZA PÚBLICA

 RESPONSABILIZAMOS:

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Departamento de Norte de Santander en Cabeza de EDGAR JESUS DIAZ CONTRERAS, al alcalde de Tibú GUSTAVO LEÓN BECERRA y  al General MARCOLINO TAMAYO TAMAYO, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano por por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades Policiales que dirigen.

EXIGIMOS

El cese inmediato de todo tipo de agresiones, intimidaciones, hostigamientos y represiones a la comunidad campesina del Catatumbo que se encuentra protestando pacíficamente por la reivindicación de sus derechos legítimos, los cuales están siendo conculcados por la acción desproporcionada del Estado Colombiano y la omisión de sus justas demandas.

De igual manera a todas las Instituciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, la responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, al trabajo, la organización, la honra y reputación y a la libre movilidad de los campesinos y campesinas que desde el 12 de junio se movilizan en  la región del Catatumbo, los integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo –ASCAMCAT-  y los periodistas de AGENCIA PRENSA RURAL E INDEPENDENCIA TV, quienes al hacer ejercicio de sus derecho legítimos, se están viendo afectados por la acción arbitraria de fuerzas armadas regulares  e irregulares en áreas de operaciones militares y policiales del Estado Colombiano.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTAN AFRONTANDO LOS CAMPESINOS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO
COMISIÓN NACIONAL  DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

Fuente: http://www.marchapatriotica.org/noticias-2/1550-norte-de-santander-denuncia-por-senalamientos-a-periodistas-de-prensa-rural-e-independencia-tv
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ZRC

DOS CAMPESINOS MUERTOS

¡Catatumbo resiste!

 La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) rechaza la respuesta violenta, absurda y desmedida que el Estado colombiano encabezado por el Presidente Juan Manuel Santos ha dado a la movilización campesina del Catatumbo. Dichas acciones ya han provocado la muerte de dos campesinos y graves a heridas a otros seis que participaban en las manifestaciones en Ocaña, Norte de Santander.

Anzorc denuncia ante la comunidad internacional, las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, los medios de comunicación y la sociedad civil colombiana,  los ataques con armas de fuego de los que fueron víctimas campesinos, campesinas así como los integrantes de la Comisión de Verificación, por parte de la Fuerza Pública.

Además de los ataques con armas de fuego, helicópteros de la Fuerza Pública lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma sobre los campesinos que llevan movilizados pacíficamente desde el 11 de junio de 2013, sin que hasta la fecha el Estado colombiano haya atenido las demandas a través de la institucionalidad civil, ya que la reunión programada para el miércoles 19 de junio fue cancelada debido a la participación del Ejército Nacional, razón por la cual la movilización continúa.

El legítimo derecho a la protesta del que están haciendo uso las comunidades campesinas ha sido vulnerado con esta respuesta violenta que el Estado colombiano ha decido dar en lugar de abrir puertas al diálogo y la interlocución, pese a que la primera solicitud del pliego de exigencias de las comunidades campesinas del Catatumbo busca la interlocución entre el campesinado movilizado y la institucionalidad estatal a través de de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MÍA).

Desde Anzorc responsabilizamos directamente al Presidente Juan Manuel Santos quien al estigmatizar las protestas como infiltradas por las FARC, permitió la represión que hoy ha dejado víctimas mortales. Es lamentable que históricamente el Estado colombiano siempre espere hasta las últimas consecuencias para atender los llamados y demandas de la población campesina.

Exhortamos al Estado colombiano, en particular al Presidente Santos y al Ministerio de Defensa para que cese el fuego contra los manifestantes en Catatumbo.

Insistimos en la necesidad de diálogo e interlocución y seguimos apoyando la movilización campesina hasta que el Estado colombiano dé pleno reconocimiento como ciudadanos a los campesinos y campesinas, comenzando con la declaración de las Zonas de Reserva Campesina que se encuentran en solicitud como es el caso del Catatumbo, así como el impulso y financiación de su Plan de Desarrollo Sostenible – PDS para  la sustitución concertada y gradual de los cultivos de coca, suspendiendo de manera inmediata y definitiva las acciones de erradicación de los cultivos de coca,  reparando a los finqueros y cultivadores afectados por esta medida.

Expresamos nuestras condolencias a las familias de los campesinos Leonel Jácome de la vereda Banderas de San Calixto, quien murió hacia las 6 de la tarde en el hospital de Convención y Edison Franco Jaimes, del corregimiento del Caracol de San Calixto, quien también murió producto de las heridas con arma de fuego operadas por la Fuerza Pública.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA (ANZORC)

Proceso organizativo de 53 organizaciones campesinas y procesos de ZRC de Colombia

Más información:

Pliego de exigencias del campesinado movilizado del Catatumbo: http://prensarural.org/spip/spip.php?article11099

Dos campesinos muertos y seis heridos con arma de fuego durante enfrentamientos con el ESMAD y el ejército en Ocaña: http://prensarural.org/spip/spip.php?article11164

Video: Ejército asesina dos campesinos en el Catatumbo: http://prensarural.org/spip/spip.php?article11165

Fuente: Equipo Dinamizador Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina de Colombia (Anzorc)| anzorcinfo@gmail.com  | zonasdereservacampesina@gmail.com  | Celular: (57) 3012571838 | Tel: (57-2810844 | Síganos en Twitter: @ANZORC1 | www.prensarural.org

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Por: Mario Hernández Álvarez1

Nuevamente el gobierno nacional y sus aliados presentan a la sociedad colombiana la noticia de una ley que comienza a resolver los problemas del cuestionado sistema de salud colombiano. Otra vez, con toda suerte de imprecisiones, el presidente Santos sale a decir que “se acaba el negocio de la salud”, mientras sus ministros y parlamentarios aliados hablan de una “reforma responsable” que por fin garantizará el derecho fundamental a la salud. Pero no hay tal. Lo aprobado es una limitación del derecho a la salud y claramente va en contra de las necesidades de la población, como demostraré a continuación.

A pesar de la inclusión de muchos textos tomados de otros proyectos bien intencionados, lo fundamental de la restricción del derecho se mantuvo. Esto es, la definición del “núcleo esencial” del derecho como “la prestación de servicios y tecnologías estructurados sobre una concepción integral de la salud”, como reza el artículo correspondiente. Aunque le pongan adornos como “promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y paliación”, lo exigible al Estado como derecho fundamental será un paquete de “beneficios”, con dos caras: la negativa, con “exclusiones explícitas”, y la positiva con “prestaciones en salud cubiertas” definidas por la ley ordinaria.

Las exclusiones en apariencia son razonables, pues se dice que el Estado no cubrirá servicios o intervenciones de tipo cosmético o suntuario, no autorizados por autoridad competente, en experimentación o prestados en el exterior. Pero también excluye aquellos en los “que no exista evidencia científica sobre su seguridad y eficacia [o] su efectividad clínica”. El alcance de estos criterios es bastante incierto en muchos procedimientos, tecnologías, medicamentos, dispositivos y toda clase de medicinas alternativas. Estas exclusiones serán definidas cada cierto tiempo por el Ministerio de Salud con la participación de expertos y posibles afectados, como se intentó muchas veces con el anterior POS.

Si desafortunadamente lo que Usted o su hijo necesita quedó excluido, le queda la opción de pedir “reposición” de esa decisión administrativa; si tampoco lo logra, puede acudir a una acción de nulidad o a cualquier otro instrumento con primeras y segundas instancias, “sin perjuicio de las acciones de tutela presentadas para proteger directamente el derecho a la salud”. Claro que los usuarios seguirán utilizando la tutela cada vez que los “gestores de servicios” les rechacen el acceso a lo que necesitan. Pero en el caso de las exclusiones, la ley estatutaria dice que se podrá usar la tutela “contra las providencias proferidas para decidir sobre las demandas de nulidad y otras acciones contencioso-administrativas”. Es decir, sólo le cabe la tutela una vez haya quemado todas las etapas previas. En consecuencia, la flamante ley estatutaria sí desplaza o prolonga el uso de la tutela frente a las exclusiones definidas por el Ministerio. En tal caso, las familias tendrán que pagar por ellas. ¿No se parece esto a las “prestaciones excepcionales en salud” de la emergencia social de Uribe?

Para complementar lo anterior, dos mecanismos de la estatutaria contribuyen a distribuir las cargas económicas en las familias, según su capacidad de pago, para lograr la sostenibilidad fiscal y financiera del sistema:

  1. La insistencia en que el sistema acudirá al principio de “sostenibilidad […] de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal”. Si bien el parágrafo del Acto legislativo correspondiente no permite aplicar este criterio “cuando se trate de un derecho fundamental”, si las exclusiones no hacen parte del derecho, no se podrán exigir al Estado y, por lo tanto, las pagarán la familia.
  2. La inclusión del “deber” de las personas de “contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago”. Se legaliza así, por ley estatutaria, los regímenes, las cuotas moderadoras y, sobre todo, los copagos, según capacidad de pago. ¿Alguna duda de que las familias tendrán que pagar las exclusiones y mucho más?

La tutela seguirá utilizándose, claro. Recuérdese que hoy en día el 75% de las tutelas se deben a servicios ya incluidos y pagados en el POS a las EPS. Se supone que ya no se presentará esta situación porque la ley estatutaria dice que “para acceder no se requerirá ningún tipo de autorización administrativa”. Pero, a renglón seguido, afirma que esto sólo será “cuando se trate de atención inicial de urgencia y en aquellas circunstancias que determine el Ministerio de Salud y Protección Social”. En el actual sistema existe al “paseo de la muerte” aunque las EPS y las IPS están obligadas a prestar la “atención inicial de urgencias” ¿Algo nuevo bajo el sol?

Por el simple hecho de que la ley ordinaria que se aprobó en primer debate en la Comisión Séptima de Senado impulsada por el gobierno sostiene el mecanismo fundamental de la intermediación con ánimo de lucro entre el nuevo banco llamado Salud Mía y los prestadores -léase hospitales, clínicas, laboratorios y consultorios-, se seguirán presentando las barreras de acceso y la “tutelitis” por servicios incluidos en el plan de beneficios. El asunto no se corrige ordenándoles a los nuevos “gestores” que no lo hagan, porque éste no es un asunto de mal comportamiento. Las EPS de hoy y los “gestores de servicios de salud (GSS)” de mañana seguirán poniendo obstáculos mientras sus ganancias sean mayores entre menos servicios presten. Y esto no cambia en la propuesta del gobierno, porque el gran banco Salud Mía tendrá para cada gestor una cuenta con el valor de las UPC correspondientes al número de afiliados que puedan captar. Aunque les paguen una parte por “resultados en salud”, lo más importante será que no se gasten “su platica” autorizando el pago de los servicios prestados a sus afiliados.

Los médicos y demás profesionales de la salud creyeron haber rescatado su autonomía profesional a través de un artículo muy severo contra quienes pretendan constreñirla o ponerle límites. Pero seguramente no han caído en la cuenta de que si una ley estatutaria dice que no podrá ordenar o formular nada que no tenga evidencia científica sobre seguridad, eficacia y efectividad, serán las “guías y protocolos” de manejo las que decidan, so pena de violar la ley e ir a la cárcel. ¿Queda algún espacio para la autonomía profesional en estas circunstancias?

No seamos ingenuos. El gobierno juega a que todo cambie para que todo siga igual, porque defiende el gran negocio establecido en el mundo y en Colombia con los servicios de salud y no quiere afectar la “seguridad jurídica” de los inversionistas nacionales y transnacionales, estimulados por los tratados de libre comercio (TLC). No en vano se incluyó a la fuerza un artículo sobre política de medicamentos con la siguiente advertencia: “[el gobierno] regulará los precios hasta la salida del proveedor mayorista. El Gobierno Nacional deberá regular el margen de distribución y comercialización cuando éste no refleje condiciones competitivas”. Ni más ni menos, únicamente allí donde no opere el mercado. En la selva amazónica, tal vez. El resto estará a cargo de las restricciones de los TLC.

¿Algo qué hacer? Todavía queda el control constitucional previo de la Corte. Es necesario que la sociedad toda se pronuncie frente a la Corte Constitucional, para salirle al paso a estos engaños, como lo hizo con la emergencia social del presidente Uribe en enero de 2010. Pero también es necesario no perder de vista el trámite de la ley ordinaria actualmente en el congreso. Vuelven a vendernos gato por liebre en materia de salud. ¿Hasta cuándo? ¿No hay punto de saturación? ¿No cabe discutir el pacto constitucional en salud más allá de un plan de beneficios costo-efectivo? ¿No cabe discutir sobre ambiente, agua, alimentación, vivienda o trabajo cuando hablamos de salud? Otras sociedades lo están logrando. No es un asunto de riqueza o de pobreza, ni de escasez de recursos, sino de proyecto de sociedad compartido y de acción colectiva sostenida.

Bogotá, junio 20 de 2013.

1 Médico, bioeticista, doctor en Historia, Profesor Asociado, Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 y de Reforma Estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR) y de la Alianza Nacional por un Nuevo Sistema de Salud (ANSA)

Para complementar la información consulte el artículo de El Espectador, titulado: Nuevas denuncias sobre la reforma a la salud

Fuente: Octava Papeleta por la Salud y la Seguridad Social como Derechos Fundamentales en Colombia
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