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El territorio del municipio de Totoro, en el Departamento del Cauca, está ocupado principalmente por comuneros indígenas, grandes hacendados y campesinos. Los campesinos que residen en este municipio padecen especial desprotección, al carecer de tierras y padecer del desempleo que caracteriza al departamento, sumiéndoles estas circunstancias en la miseria y el abandono estatal.

Los grandes propietarios o terratenientes, principalmente en el Valle de Malvaza, (región de este municipio de gran riqueza productiva agrícola y ganadera), históricamente han utilizado sus predios en la ganadería extensiva y otros predios son arrendados a productores de papa, venideros de los departamentos de Cundinamarca y Nariño, quienes llegan con sus trabajadores, y en consecuencia no utilizan la mano de obra campesina de Totoro, acrecentando así la problemática de falta de tierras y desempleo para los campesinos de esta región.

En este marco difícil para los campesinos de Totoro, desde hace más de diez años, se organizaron en la Asociación de Trabajadores Campesinos de Totoro, afiliados a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria- FENSUAGRO-CUT. En procura de buscar soluciones a su difícil situación, en el año 2006 ocuparon un gran predio de más de 300 hectáreas,  propiedad del señor ADOLFO CASTRO BUCHELI, político conservador e integrante de la SAC, denominado “El Convenio”, el cual se encontraba prácticamente abandonado, incumpliendo el mandato constitucional de que la propiedad debe cumplir una función social, y esa función social la adelantaron 51 familias campesinas de la vereda La Siberia, quienes de inmediato comenzaron a sembrar diferentes productos para su subsistencia.

La respuesta del propietario, amparado en el poder político, pues en ese momento  desempeñaba el cargo de Secretario Privado de la Gobernación del Cauca, siendo Gobernador JUAN JOSE CHAUX MOSQUERA, hoy judicializado por sus vínculos con los paramilitares del Bloque Calima, fue de agresión. Ejército y Policía, realizaron varias acciones para desalojar a los campesinos, por un lado, y por otro, las acciones judiciales y de policía comprometieron a todas las cabezas de familia, esposas e hijos.

La Inspección de Policía ordeno el desalojo y la Fiscalía local de Totoró, inició la judicialización, llamando a indagatoria prácticamente a todos los habitantes de la vereda La Siberia. Siendo acusados por el delito de Invasión de Tierras. Corresponde el juzgamiento al Juzgado Promiscuo Municipal de Totoro, que basado en pruebas amañadas, las cuales han sido las declaraciones de HERIBERTO YACUMAL, mayordomo y trabajador de ADOLFO CASTRO, la esposa e hijo del mayordomo, profieren sentencia condenatoria para 41 campesinos, a la pena de 36 meses de prisión, otorgándoles la libertad  y para dos de ellos a 54 meses de prisión, ordenando la encarcelación.

No contento el señor CASTRO BUCHELI con estas condenas, solicita al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Popayán, que se les revoque el beneficio de la libertad para los 41 campesinos, vuelve a utilizar las declaraciones de su mayordomo y familia HERIBERTO YACUMAL, proceso de revocatoria de la libertad que se hace, violando el debido proceso y derecho de defensa, solo con las declaraciones de estos informantes, el Juzgado Promiscuo Municipal de Totoro, de manera amañada, recibe las declaraciones y en una inspección judicial, que se hace sin notificar a los defensores de los implicados, informa que los procesados han incumplido con la obligación de no cometer más actos de perturbación.

El día 17 de agosto de 2012, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Popayán, revoca el beneficio de libertad para 22 campesinos de La Siberia y ordena su encarcelación. El Defensor de los campesinos apela esa decisión ante el Tribunal Superior de Popayán, y en dos meses el alto tribunal confirma la decisión el día 10 de diciembre de 2012. Y en consecuencia el Juzgado  Tercero de Ejecución de Penas, ordena la captura de los 22 campesinos.

El día 11 de enero de 2013, el joven campesino SANIN ARBEY SANCHEZ CALDON, quien se encuentra desde hace más de un año trabajando  en Bogotá, fue capturado por la Policía Nacional en el Terminal de Bogotá, atendiendo la orden de captura, sin posibilidad ni siquiera el traslado al Cauca.

Este es el precio que tienen que pagar los campesinos que luchan por el derecho a la tierra, sometidos a la persecución de todo el estamento estatal, de Jueces y Fiscales, que cumplen las imposiciones de los grandes terratenientes que gobiernan este Departamento.

Por ello, reclamamos la solidaridad de todas las organizaciones populares, pues son 22 campesinos que están siendo perseguidos, sin importarle al aparato judicial las condiciones estructurales de la región y las situaciones particulares de estas familias campesinas.

La falta de dotación de tierra para los campesinos es latente, pese a ello el aparato judicial de manera amañada se ensaña contra los campesinos. El campesino colombiano necesita la tierra, el país necesita de una verdadera reforma agraria integral para que se pued

a hablar en Colombia de una verdadera paz con justicia social.

12 de enero de 2013

 COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL AGRARIA CAUCA

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