Nuestro Anhelo es la Paz con justicia social

Frente al inicio formal de los diálogos entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional en la capital noruega de Oslo el día 16 de octubre del año en curso, el Movimiento político y social Marcha Patriótica declara que:

1.- Se trata de una nueva oportunidad histórica que ha contado con el respaldo ampliamente mayoritario de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional tendiente a sentar las bases que permitan ponerle fin al conflicto social y armado que por más de cinco décadas ha afectado al país. En representación de las más de dos mil organizaciones que la conforman y atendiendo a lo señalado en su Plataforma Política, Marcha Patriótica manifiesta su voluntad de poner el mayor empeño en acompañar y respaldar este proceso con sus ideas e iniciativas. La sociedad colombiana no se puede permitir un nuevo intento fallido tal y como ocurriera con las experiencias de los Acuerdos de la Uribe, de los diálogos de Tlaxcala y de los diálogos de El Caguán. Ello dependerá en gran medida de la capacidad de movilización y apoyo creativo de los más amplios sectores sociales y populares, del aislamiento de los sectores militaristas y de ultraderecha y de todos aquellos que se benefician con la guerra. En ese sentido, el cese bilateral de fuegos se constituye en una necesidad imperiosa para generar un clima adecuado y de confianza en la sociedad colombiana y neutralizar las inevitables interferencias que en el transcurso normal del proceso diálogo y negociación resultan de la continua confrontación armada.

2.- Este proceso que acaba de iniciar representa una experiencia inédita en la historia de la insubordinación armada contra el Estado, no comparable con experiencias anteriores vividas en el país que concluyeron en la desmovilización, la entrega de armas y la reinserción en la vida civil de la guerrilla. En esta ocasión, se debe comprender por todas las fuerzas vivas de la Nación que la perspectiva de la solución política se encuentra atada al logro de acuerdos definitorios de vías y mecanismos que permitan emprender las transformaciones estructurales económicas, políticas, sociales y culturales requeridas para avanzar hacia la paz con justicia social.

3.- En ese sentido, la pregunta fundamental a ser respondida consiste en saber qué tanto están dispuestas a ceder las elites gobernantes, los grupos económicos del país y las empresas transnacionales que usufructúan la riqueza nacional de ese poder que han concentrado a lo largo de cerca de dos siglos de vida republicana y que les ha permitido construir una sociedad basada en los privilegios, la exclusión, el enriquecimiento de unos pocos y en profundas desigualdades sociales. La idea de una paz rápida, concebida sobre el equivocado supuesto de una derrota militar de la insurgencia que debe refrendarse en la mesa de diálogo y negociación, no contribuye en absoluto a avanzar por el camino de la solución política al conflicto social y armado.  Más allá de hechos que hayan servido para justificar la ruptura del diálogo por parte del Gobierno en las otras fallidas experiencias, lo que ha ocurrido en realidad es una sistemática renuencia a abordar aspectos que comprometan o cuestionen el poder constituido, económico y político.

4.- La oportunidad histórica brindada por el inicio de los diálogos consiste justamente en abrir de nuevo la posibilidad de discutir el poder. Y eso no es un asunto exclusivo de las partes comprometidas directamente en las contienda militar. Si bien cierto que el texto del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera y estable representa un muy importante punto de partida, las demandas del pueblo colombiano, de los hombres y las mujeres del común, están llamadas a fortalecer los diálogos que continuarán en La Habana, capital de la dignidad de Nuestra América. Las exigencias por la más amplia participación de los sectores sociales y populares, de las mujeres, de los obreros, de los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes, las demandas por la inclusión de nuevos temas deben multiplicarse para enriquecer la Agenda. Dada la naturaleza histórica y el carácter social del conflicto colombiano, los diálogos no son simplemente de la guerrilla y el Gobierno. Ellos le pertenecen al pueblo colombiano y deben apropiados por el conjunto de la sociedad, en especial, por los hombres y las mujeres del común.

5.- Las múltiples expresiones sociales acerca de temas aparentemente ausentes en la Agenda y la expectativa de que éstos sean incorporados en la mesa de diálogo y negociación son un incontrovertible indicador  de los límites de una democracia gobernable, restringida a la competencia electoral y basada en el fraude estructural. Amplios sectores de la sociedad colombiana han encontrado en los diálogos de La Habana una nueva oportunidad de cuestionar el modelo económico neoliberal que impera y se profundiza en el país, de exigir la superación del modelo acumulación basado en la violencia, el despojo, la depredación socioambiental y el favorecimiento al gran capital trasnacional, de reclamar democracia real, de requerir la depuración de las fuerzas militares, de tramitar sus demandas por trabajo y vida dignos, tierra, educación, salud, vivienda, seguridad social, servicios públicos, cultura y recreación, entre otras, de reivindicar la soberanía y la dignidad nacional, de atender las exigencias de las víctimas de la violencia estatal y paramilitar y del conflicto. En ese sentido, los diálogos representan una nueva posibilidad para nuevos los entendimientos de la  política y, en presencia de una amplia movilización social y popular, para el mayor despliegue de la potencia del poder constituyente.

6.- Marcha Patriótica considera que el camino para avanzar en la refrendación final de los eventuales acuerdos entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno y, en general, hacia la reconciliación nacional, no puede ser otro que un mecanismo que permita la real participación del conjunto de la sociedad especialmente las grandes mayorías que hoy sufren las consecuencias del modelo económico y del actual régimen político anti democrático, que siente las bases de un nuevo contrato social y político, concebida con fundamento en la participación real de todos los sectores de la sociedad, en especial, de los excluidos históricos, de los hombres y las mujeres del común, de los sectores sociales y populares. Ello supone el diseño de mecanismos de participación distintos al de la competencia electoral. A acompañar este empeño, Marcha convoca a los procesos organizativos sociales y políticos del campo popular y a todos  aquellos sectores de la sociedad que se identifiquen con ello.

7. Marcha  Patriótica convoca igualmente a los pueblos del mundo y de Nuestra América, y en especial a los gobiernos de la Región a brindar su apoyo irrestricto al proceso que se ha iniciado. La solución política y la paz con justicia social en Colombia se constituyen en factor indiscutible de la seguridad y de la estabilidad regional, para la reivindicación de la dignidad y de la soberanía nacional, para el rechazo a toda forma de intervencionismo extranjero, especialmente estadounidense, y en condición para avanzar a hacer realidad el sueño de Bolívar de construir de la patria grande y soberana.

 Bogotá, D.C., 17 de octubre de 2012.

Fuente: http://www.marchapatriotica.org/oficina-de-prensa/noticias/731-comunicado-18-de-octubre