COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

COMUNICA 

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Suroccidente de Colombia, 18 de julio de 2012.

Sobre la posición del gobierno central contenidas en las declaraciones emitidas por el presidente de la republica Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, y en particular sobre las acciones de guerra de integrantes de la Fuerza de tarea Conjunta Apolo y del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, expresa:

La guerra, el uso de las armas y la zozobra que producen, son crueles e inhumanas. Y por más humanistas que seamos y el rechazo que nos pueda generar este tipo de situaciones, estamos en el deber ético y moral de señalar que el conflicto social armado colombiano, no se decreta o se niega, existe y de eso sabemos los que lo afrontamos a diario.

Han sido años de tensión y desesperanza los que ha padecido las comunidades del departamento del Cauca y de Colombia frente a la agudización del conflicto. La grave situación en materia de Derechos Humanos que se ha presentado reciente y principalmente en los corregimientos de El Plateado y El Mango en Argelia, de El Palo y Huasano en Caloto, de las veredas Calandaima y Monteredondo en Miranda, los de Toribio y Jambaló, son graves, se les debe buscar una solución de fondo y son prueba irrefutable de la existencia de un conflicto social y armado en nuestra patria.

Hemos recogido, sistematizado y denunciado hechos inaceptables de muertes, de heridos, de desplazados, de expropiados irregularmente o desarraigados (gentes que han quedado sin techo para protegerse o tierras para subsistir), de menores de edad y jóvenes sin escuelas o centros de salud, al igual que la ocupación de bienes civiles y culturales, bienes indispensables para la supervivencia humana y la utilización de colectivos como escudos; En su inmensa mayoría hechos imputables a Militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo o del Comando de Policía Cauca, los cuales se constituyen en serias violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, infracciones a el Derecho Internacional Humanitario y violaciones a derechos fundamentales las comunidades campesinas, afro descendientes e indígenas de los municipios Caucanos.

Igualmente es innegable, las acciones legales y pacificas que han venido desarrollando las comunidades rurales tanto campesinas como indígenas del departamento, planteando sus problemas e inconformidades, buscando soluciones, proponiendo alternativas, tramitando denuncias, demandas, quejas, reclamos o generando espacios de dialogo ante instituciones gubernamentales o intergubernamentales, pero la respuesta Estatal ha sido la misma, la pretensión de un silencio cómplice o comprensión irracional de la militarización de los territorios y sus consecuencias en el diario vivir, y a la par, se niega y pretende encubrir las arbitrariedades que cometen sus subalternos en desarrollo de operaciones militares y policiales.

Los interés geoestratégicos y económicos del gobierno nacional y las empresas transnacionales, son evidentes, y pese a las voces que señalan que el plan militar no tiene nada que ver con el plan de consolidación, hoy se reafirma nuestra postura, con las declaraciones del Presidente Santos, quien en sus ultimas declaraciones habló claramente de un fuerte plan de inversión, que deben acompañar de la fuerte presencia militar en la zona. Bajo este tipo de argumentos se busca legitimar la represión sistemática contra las comunidades campesinas e indígenas, que dejan como resultado el día de hoy 23 heridos en el cerro Berlín en Toribio y la represión que padecieron comunidades campesinas en Huasano en el municipio de caloto a manos del Escuadrón Móvil Anti Disturbios EMAD y el asesinato a manos del ejercito del joven indígena cerca a la laguna de Siberia Municipio de Caldono.

Por lo expresado anteriormente,Rechazamos categóricamente la actitud guerrerista del gobierno nacional y hacemos un llamado para que además de cesar las hostilidades contra las comunidades campesinas e indígenas, se establezcan canales de dialogo para buscar alternativas de solución de fondo a la crisis humanitaria que atraviesan las comunidades.

De igual forma, Solicitamos:

  1. A la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y los organismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, una rigurosa investigación sobre la situación que están padeciendo las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes de los corregimientos de El Plateado y El Mango en Argelia, de El Palo y Huasano en Caloto, de las veredas Calandaima y Monteredondo en Miranda, Toribio y Jambaló
  2. Al Estado Colombiano, se garanticen los derechos a la vida, la integridad personal, la intimidad y la propiedad de la población civil que habita en las zonas en conflicto.

 RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO

Francisco Isaías Cifuentes”

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.