Han sido años, de tensión y desesperanza las que han tenido que afrontar las comunidades del departamento del Cauca y de Colombia. En los meses y semanas recientes, ante la agudización del conflicto social y armado, los pobladores de los corregimientos de El Plateado y El Mango, en Argelia; de El Palo y Huasano, en Caloto; de las veredas Calandaima y Monteredondo, en Miranda, o los de Toribio y Jambaló; han sido sometidos a tratos y hechos inaceptables que constituyen conductas tipificadas en las jurisdicciones penal, militar y administrativas, las cuales en un estado social y de derecho deberían ser investigadas y sancionadas por las autoridades.

Sin embargo, todo tiene su límite. La extensa lista de muertes, de mutilados y heridos, de desplazados, de expropiados, de menores y jóvenes sin escuelas o centros de salud y de gentes humildes que han quedado sin techo para resguardarse o sin tierras para subsistir debe parar; los mal llamados “héroes de la patria” que ocupan y utilizan los bienes de las gentes y los utilizan como escudos, deben cesar.

Las comunidades rurales, del departamento, hasta ahora, habían soportado en una forma pasiva y estoica, innumerables y atroces agresiones y ofensas. Forma de padecer, que quizá condujo a equivocaciones a los círculos de poder locales y nacionales, pues pese a la

gallardía demostrada, esas mismas personas que venían optando por tramitar denuncias, demandas, quejas, reclamos o generando espacios de dialogo ante instituciones gubernamentales o intergubernamentales, han dicho basta y se han echado a andar.

Lo que, desde pasadas semanas, se vive en el Cauca, con la exigencia de reubicaciones de bases policiales en El Mango, Argelia, y de bases militares en El Palo Caloto, Calandaima en Miranda, y la exigencia de la comunidad nasa de la salida de fuerzas regulares e irregulares de sus territorios; no podría ser otra y de otro modo. ¿Qué reacción distinta se puede esperar de comunidades que a diario ven correr la sangre de sus familiares y migos, se quedan sin techo o se mantienen en constante zozobra?. ¿Que reacción distinta se puede esperar cuando las comunidades, a pesar de tener identificados a los presuntos responsables, por la impunidad del sistema, estos les siguen reprimiendo, cuando sus superiores, en la cadena de mando, los avalan y encubren y a diario encuentran argumentos inocuos para permanecer en las zonas y justificar sus atropellos?. Es en esta situación que las acciones colectivas de campesinos e indígenas encuentran su justificación y legitimación.

Teniendo presente que las causas del conflicto social y armado se mantienen y que los efectos del componente armado del conflicto social lo padecemos todos, en particular las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, las acciones de público conocimiento, tanto las desarrolladas por el pueblo Nasa, como las desarrolladas por comunidades campesinas en El Palo y Huasano, en Caloto, El Plateado y El Mango en Argelia, y Calandaima y Monteredondo en Miranda, se constituyen en acciones de legítima defensa de pueblos que se cansaron de la legalidad e institucionalidad en abstracto, de la indolencia de un estado que se niega a un dialogo abierto, democrático y franco para buscar entre todos soluciones a la crisis social y política generalizada que afronta la nación colombiana.

El gobierno Santista continuando con el ya histórico abandono estatal al que ha sometido nuestro departamento, pretende ahora vender la idea que dicho abandono se resuelve con el polémico plan cauca; plan que ya generó conflictos interétnicos recientemente. Un plan reorientado y articulado a los intereses estratégicos del plan consolidación, que desde el gobierno garantiza un negocio redondo a los empresarios nacionales y extranjeros secundados por los militares; a los que han hecho de la guerra su negocio, quienes hablan de inversión social a partir de las cadenas productivas agroindustriales y de las concesiones a las grades transnacionales. Un plan donde la inmensa mayoría de caucanos, campesinos, indígenas y afro descendientes soporta la etapa militar y la expropiación proyectadas a varios años. Un plan que se erige sobre su cultura y formas de organización, que proyecta la  inversión social sobre tierra arrasada, comunidades desplazadas, asesinadas, desaparecidas o judicializados.

Quienes suscribimos la presente declaración, como integrantes del movimiento popular caucano, rechazamos categóricamente la actitud guerrerista del gobierno nacional y hacemos un vehemente llamado para que cesen las hostilidades contra las comunidades campesinas e indígenas y se establezcan inmediatamente canales de diálogo para buscar alternativas de solución de fondo a la crisis humanitaria, social y política que atraviesan nuestras comunidades.

Popayán, julio 18 de 2012.

Consejo Patriótico Departamental Cauca Movimiento Social y Político Marcha

Patriótica, Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC,

Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca – SUTEC, Asociación

Comunitaria por la Defensa de los Servicios Públicos – ACODESERP.