Los efectos del plan de guerra espada de honor, publicitado recientemente por el gobierno central y la alta comandancia de las fuerzas militares, y desarrollado en la zona norte del departamento del Cauca, tal y como lo vienen denunciando las comunidades, organizaciones populares y organizaciones e instituciones de derechos humanos, ha agudizado la grave crisis humanitaria que padecen comunidades campesinas e indígenas de la parte alta de la cordillera central caucana.

Pese a las acciones y gestiones en relación a la protección, promoción y prevención en materia de Derechos Humanos, que han desarrollado organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, las acciones militares de la fuerza de tarea conjunta Apolo, al mando del Brigadier General Jorge Humberto Jerez Cuellar, continúan afectando los derechos constitucionales a la vida, la integridad personal, la libertad, la libre movilidad y la propiedad de los pobladores y se constituyen en flagrantes infracciones al Derecho internacional Humanitario; faltando a principios rectores del DIH tales como el de humanidad, proporcionalidad, necesidad militar, distinción e inmunidad civil.

Cansados de la situación a que están siendo sometidos, centenares de campesinos e indígenas, desde el pasado 22 de mayo de 2012, se vieron obligados a desplazarse forzadamente, dejando atrás sus territorios y sus formas de vida y de subsistencia; concentrándose inicialmente en el parque central del Municipio de Miranda, siendo re victimizados por la indolencia del estado central, departamental y municipal con argumentos jurídicos bastante cuestionables que legitimó la negación de ayuda humanitaria de emergencia.

Posteriormente el 28 de mayo, y dadas sus difíciles condiciones la concentración se traslada hacia el Polideportivo Municipal de Miranda, manteniéndose a la fecha cerca de setecientos campesinos desplazados forzosamente. Mientras en múltiples reuniones con autoridades civiles y militares se ha solicitado que la fuerza publica actué conforme a los protocolos de la guerra y respete sus derechos fundamentales, que actué conforme al bloque de constitucionalidad que el Estado colombiano se ha comprometido a cumplir y que se les garantice el retorno en condiciones de dignidad; el Estado colombiano se escuda en interpretaciones jurídicas que por un lado pretenden negar su condición de victimas y por otro pretende legitimar el uso desproporcionado de la fuerza. Mientras tanto el ejercito arguye demagógicamente que las condiciones para el retorno están dadas pese a que a diario ocupa bienes civiles, abre trincheras en los predios de campesinos y desarrollan enfrentamientos armados en zonas pobladas.

El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Departamento del Cauca, saluda, apoya y exalta la valerosa resistencia de los campesinos del Municipio de Miranda, y ratifica su compromiso con el pueblo y sus organizaciones, que buscan a través de la acción contribuir a la solución política del conflicto social y armado colombiano con las transformaciones democráticas, sociales, económicas y culturales que requiere nuestra sociedad.

 Suroccidente de Colombia, 4 de junio de 2012