Archive for 05/05/2012


COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA MARCHA PATRIÓTICA POR LA SEGUNDA Y DEFINITIVA INDEPENDENCIA.

www.reddhfic.org

Difunde ante la comunidad nacional e internacional

DENUNCIA PÚBLICA: Departamento del Cauca. Municipio de Caloto. 5 de mayo de 2012. En desarrollo de acciones militares arbitrarias, indiscriminadas y sistemáticas en zona poblada, ocupación militar de bienes civiles, señalamientos y contaminación de bienes indispensables para la supervivencia de la población en las Veredas El Carmelo, El Placer, El Porvenir y la Cuchilla del Municipio de Caloto.

Lectura en digital: Denuncia CALOTO

DENUNCIA PÚBLICA: Departamento del Valle del Cauca. Municipio de Tuluá. 5 de mayo de 2012. En desarrollo de acciones militares irregulares y sistemáticas, hombres armados vestidos de civil intimidan, señalan, detienen arbitrariamente e interrogan a dirigente agrario integrante del Consejo Patriótico Departamental Valle del Cauca del Movimiento Político y Social Marcha patriótica.

Lectura en digital: Denuncia TULUA

DENUNCIA PÚBLICA: Departamento de Nariño. Municipio de Barbacoas. 5 de mayo de 2012. En desarrollo de las acciones policiales y militares arbitrarias, indiscriminadas y sistemáticas, se realizan señalamientos, toma inconsulta de fotografías, detenciones arbitrarias y constreñimiento a la expresión política de integrantes del Consejo Patriótico departamental Nariño del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Lectura en digital: Denuncia BARBACOAS

Igualmente los invitamos a visitar el blog de la Comisión de Prensa y Comunicaciones del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano – www.prensasurocc.wordpress.com

Fuente: RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO “Francisco Isaías Cifuentes"E mail de contacto: redfcifuentes@gmail.com  , redfcifuentes@yahoo.es
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Por médico Luis Fernando Muñoz Ramírez (*)

Artículo Magazín MOMENTO MÉDICO

Históricamente, los principales avances en Salud y Seguridad Social en Colombia y todas las reformas han sido consecuencia de diversas presiones de tipo político y económico, y han obedecido a diferentes tendencias de orden internacional. Podríamos decir que en Colombia las reformas a la a la Salud y Seguridad Social han sido condicionadas, más que por las necesidades reales de la población en materia de Seguridad Social, por necesidades de orden político y económico y por exigencias de actores nacionales e internacionales.

De otro lado, los organismos de financiación internacional (Banco Mundial –BM-, Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, Fondo Monetario Internacional –FMI-) están exigiendo a los países en desarrollo la puesta en marcha de una serie de medidas tales como la flexibilización laboral, adelgazamiento del Estado, entre otras, las cuales están contribuyendo a la pauperización de las personas que dependen de un empleo y de la población en general.

Es de anotar que el aumento de las coberturas en el Sistema Seguridad Social está estrechamente ligado al nivel de empleo de la población, razón por la cual mientras no existan en el país las condiciones que garanticen el crecimiento positivo de las tasas de empleo, no habrá un aumento real de nuevas afiliaciones al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales.

La Ley 100 de 1993, cuyo objetivo fundamental es la liquidación y privatización de la Salud y Seguridad Social pública, está basada en la intermediación a través del aseguramiento en salud, pensiones y riesgos profesionales; la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011, dentro del Aseguramiento en Salud, han fortalecido una figura perversa; me refiero a los intermediarios, es decir las EPS y las EPS-S (EPS Subsidiadas), que se han convertido en entes que obstaculizan el acceso a la atención en salud y se quedan con buena parte de los recursos financieros reportando mayores ganancias para ellos; veamos, de las 100 empresas más rentables del país, cinco Empresas Promotoras de Salud (EPS), Saludcoop, Coomeva, SaludTotal, SuSalud y Sanitas, están con jugosas utilidades. Así mismo, el Gobierno nacional, dentro de la bolsa reguladora de este negocio, el Fosyga, ha acumulado casi $6 billones, de los cuales el 76% está invertido en los Títulos de Tesorería (TES) con los que el Estado financia gran parte de sus obras, quitándole los recursos a la salud.

Este mismo fenómeno del aseguramiento y la intermediación se presenta en las Administradoras de Fondo de Pensiones Privada (AFP), las cuales hoy tienen más de 100 billones de pesos acumulados, aunado a la Ley 1151 de 2007 que liquida pensiones del ISS, de Cajanal y Caprecom, creando a Colpensiones para marchitar el Régimen de Prima Media Público y convertirlo en el Régimen de Ahorro Individual (RAI) Privado y en las Administradoras de Riesgos Profesionales Privadas (ARP), las cuales tienen jugosas ganancias billonarias.

Si ya fracasó el modelo de Ley 100, en el negocio de la salud, de la enfermedad, de las pensiones y de los riesgos profesionales, se requiere un nuevo modelo de Salud y Seguridad Social Pública exigiendo el reconocimiento, sin más ambigüedades, que sea un

derecho fundamental autónomo; esto implica un cambio real de modelo cuyo pilar fundamental sea la Salud Pública y su herramienta la Atención Primaria en Salud Renovada (APS), el Sistema de prima media con prestación definida en pensiones y Riesgos Profesionales Público en donde el Estado sea el garante de la prestación del servicio, y se integren los recursos de todos los cotizantes con los impuestos generales de la Nación para poder entregar servicios de salud, de igual calidad y oportunidad, a todos los ciudadanos, sin definición de un plan de beneficios ni pagos al momento de requerir la atención, y las posibilidades reales de acceder a una pensión digna y de una buena atención de los Riesgos Profesionales.

Lo anterior, acompañado de una política de formación del recurso humano y de educación continuada, acorde con las necesidades nacionales y regionales del país, y en defensa de una política laboral basada en el contrato de trabajo que garantice la vinculación estable

y salario digno de los trabajadores y profesionales de la salud y de la Seguridad Social, eliminando la intermediación de las EPS, de las AFP y de las ARP, para lo cual es necesario un gran movimiento social con participación política abierta, que defina una postura política responsable y coherente con las mayorías excluidas del país y que apoye las propuestas democráticas y, lógicamente, a sus candidatos.

Aplicar la Sostenibilidad Financiera y la Regla Fiscal, pero para recuperar la política monetaria; renegociar y restringir el pago de la deuda pública y disminuir el gasto militar, garantizando así los ingresos necesarios para sostener la prioridad del gasto social que ordena nuestra Constitución; lo anterior implica revisar la estructura fiscal, tanto en los ingresos como en los gastos, de tal manera que la orientación fundamental sea el bienestar de la población colombiana más que las ganancias del capital.

Exigir el control de precios a los medicamentos, ya que son los más costosos de Latinoamérica; inicialmente, promover la EPS Pública nacional, departamental y municipal, como mecanismo para extinguir la intermediación de las EPS privadas y exigir que la edad para acceder a la pensión continúe en 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres.

(*) Vicepresidente ASMEDAS Antioquia, Ex candidato a la Alcaldía de Medellín 2012-2015
 Fuente: MOMENTO MÉDICO - Órgano informativo de la Asociación Médica de Antioquia – ASMEDAS -  http://www.asmedasantioquia.org/ws/  -
Imágenes tomadas de:http://www.senadoragloriainesramirez.org/wp-content/uploads/2011/06/salud_tit.jpg  /  http://www.elginebrino.com/content/view/261/2/