Imagen tomada de: http://www.staffing.com.co/Noticia4.html

Por: Carlos Jaime Fajardo (*)

Revista Viento del Sur

18 de Septiembre de 2011

En los últimos días en Colombia se ha venido difundiendo en la opinión pública la restitución de tierras a algunas comunidades campesinas que habían sido víctimas del despojo por parte de grupos paramilitares,  por ejemplo en el Urabá chocoano, ello en el marco de la política de restitución, que a pesar de ser irrisoria en comparación con la problemática general y que en otros casos se limita a la legalización de predios indígenas como en el Cauca, es bienvenida la devolución por que resuelve parcialmente una demanda de dichas comunidades. Sin embargo surge el interrogante ¿qué pasa con los campesinos pobres que no tenían tierras?, ¿para ellos cuál es la política agraria?

Para dar  respuesta a dichos interrogantes, es indispensable partir de que la sociedad está dividida en clases sociales, que en el caso del campesinado existen ricos, medianos y pobres, también entre los indígenas y afrodescendientes. La restitución de tierras se  presenta  como entrega a comunidades, pero en realidad es a  quienes fueron despojados de estas, es decir a ricos y medianos, pero no a los pobres sin tierra, que en su gran mayoría son jornaleros, ya sean indígenas, negros o campesinos.

Los  jornaleros deambulan en su gran mayoría trabajando en épocas de cosecha, por ejemplo en las zonas cafeteras o cocaleras, sin expectativa más allá de sobrevivir, en el  mejor de los casos logra  “engancharse” en una hacienda o empresa agrícola de palma  africana, azucarera, ganadera o una finca de un campesino rico o medio, pero en  términos generales no accede a ningún beneficio como salud y pensión, por eso muchos de ellos al envejecer caen en la indigencia, ya que nadie los contrata ni cuentan con alguna seguridad social.

El Estado ha diseñado para esta población una política de focalización de subsidios, como el SISBEN o Familias en Acción, que además de su precariedad, sirven de constante manipulación política por parte de los gamonales regionales y locales, sobretodo en épocas electorales como la actual, pero nada de entrega de tierras. Sin duda toda esta población se encuentra en la nueva línea de pobreza definida por el gobierno, que consiste en ganarse 190.000 pesos por integrante del hogar por mes,  pues un jornalero gana al mes 400.000 y su hogar en promedio es de cinco personas.

Tal realidad obliga a reflexionar  y pensarse en alternativas para superarla, en principio la necesidad de una verdadera reforma agraria, en la que los jornaleros puedan acceder a este recurso vital para su actividad, entregando tierras a cada integrante del hogar en capacidad de trabajar incluyendo esposa e hijos y no solamente al jefe del hogar, lo cual implica ir más allá de la restringida Ley de Restitución. En el caso de los proletarios agrícolas de agroindustrias propiciar la constitución de cooperativas rurales con dichas empresas, trascendiendo las cadenas productivas a las que se les quiere someter.  Con certeza existen otras propuestas para resolver tal situación, lo central es no dejarla al margen de la actual discusión agraria.

 (*)Sociólogo, ensayista, investigador independiente e integrante de la Revista Viento del Sur.

Imagen tomada de: http://untcampo.blogspot.com/2010_06_01_archive.html

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