Por: Alexander Escobar (*)

alexanderinquieto@gmail.com

Nunca fui a la guerra, ni falta que me hace,

Porque de niño siempre pregunté cómo ir a la guerra

Y una enfermera bella como un albatros,

Una enfermera que corría por largos pasillos

Gritó como graznido de ave sin mirarme:

Ya estás en ella, muchacho, ya estás en ella.

Juan Manuel Roca

Diego Felipe fue asesinado por la espalda. La policía no soportó el olor a pintura de sus manos, y le disparó. Jamás lo ha soportado: está entrenada para no hacerlo. Deben mantener las paredes blancas, del mismo modo que mentes en blanco facilitan políticas de iniquidad. En Colombia esto se aplica con rigor asesino. Iniquidad y crímenes como el del joven grafitero de 16 años, Diego Felipe Becerra, no son hechos aislados que comprometen solo al policía que lo asesinó.

En un gobierno represivo, el blanco mortuorio de las paredes se sostiene al igual que se sostiene el statu quo. Con su blancura, el estado repercute en la mentalidad de la sociedad con resultados deplorables: una multitud que celebra el silencio instaurado en las paredes, una especie de pulcritud burguesa que calla ante la iniquidad. Es como un decreto inquisitorial donde hacer lo contrario significa quedar marcado, enjuiciado en cualquier calle con la mirada, y asesinado por quienes defienden el orden gubernamental.

El terrorismo de Estado también se compone de los demonios que a diario engendra, en la forma como se instala en los territorios de la mente. Odio y muerte se unen para ello. Las voces del “Alto Gobierno” se encargan de recrearlo y prepararlo. Nada es improvisado. Vociferar en contra de activistas y líderes sociales, y defensores de derechos humanos, es una política pensada e instituida desde Palacio. Su estrategia es la del odio, lograr que la sociedad deteste a quienes protestan contra la injusticia. Y también hay terror. Padres y madres que por miedo, o estupidez, obligan a sus hijos a guardar silencio frente un gobierno criminal (hijos que tendrán hijos para replicar la misma insensatez). Es una sociedad endemoniada por el veneno que expele el Estado y contamina la psique de sus súbditos, y de la cual beben los ejércitos y cuerpos policivos. Es un gobierno donde el asesinato de un joven grafitero se transforma en Ley, así no esté decretada, al igual que el paramilitarismo es estatal, así no se reconozca.

Por eso sabemos que el asesinato de Diego Felipe Becerra no solo contó con un autor material (el policía), también contó con un autor intelectual: la política represiva del estado colombiano. Y no les basta con ello. Bogotá, ciudad presencial del crimen, es la misma que expide permisos para grafitear. Y no es la única, en otros municipios del país sucede lo mismo. Hasta es normal que centros educativos destinen paredes para “la libre expresión”. El engaño es tan sutil que fácil sería quedar inmerso en su seducción. ¡Temerle a las buenas intenciones! Porque aquello que en apariencia reconoce el arte urbano y sus protagonistas, en el fondo encierra una política de control social que acaba con la belleza conspirativa del grafiti. Expresémoslo mejor. Imaginemos a los grafiteros exigiendo justicia a su manera. Veámoslos ahora solicitando permiso para pintar la Fiscalía General de la Nación. Y despertemos.  Porque la frase “no hay que darle la espalda a la policía”, jamás será admitida.

Llegó el momento de agitar los aerosoles en una fiesta perpetua, en rebeldía, sin condiciones ni mediadores. Ha llegado la hora de tachar la fachada de este gobierno, y con frases y colores desmantelar todo lo sucio que esconde el blanco de esta sociedad. Ya son muchos los muertos, y muchos los dolientes, y serán más si la dignidad no se decide a estallar como el aerosol que está expuesto al fuego de una hoguera.

Desde las calles del suroccidente colombiano

7 de septiembre de 2011

(*) Director del cine-Foro La Maleta de Caligari, integrante de la REMAP y de la Casa Escénica y Cultural “El Teatro Vive”.